CONVOCATORIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA RED NACIONAL EN DEFENSA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE SALUD
MENTAL Y SU REGLAMENTACIÓN
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, resultado de largas
luchas que acumulan una rica historia de experiencias exitosas y frustras que
ya tiene 50 años, pone a los usuarios y trabajadores de la Salud Mental frente a
un nuevo y más complejo desafío: su implementación, tarea que será imposible
sin que sus agentes la hagan propia.
Una ley sin sujetos sociales que la encarnen y un Estado que la apoye
eficazmente (en primer lugar, económicamente) está condenada a ser letra
muerta.
Es con esa meta orientadora que un conjunto de compañeros
de todo el país nos hemos propuesto la constitución de un FRENTE POR LA SALUD MENTAL, en defensa de la plena aplicación de la ley de salud mental.
Nuestro objetivo es colaborar en la conformación de una Red en todo el país en base a acuerdos
básicos que nos permitan trabajar para que en cada rincón del territorio
nacional, en cada institución pública, privada o perteneciente al ámbito de las obras sociales, en cada práctica en Salud
Mental se concrete la aplicación de la nueva normativa. El llamado es para que
esta Red se constituya integrando otros proyectos de redes y proyectos que ya
están empeñados en tareas similares, aunque (por lo general) en perspectivas
más locales. Una Red Nacional supone, entonces, la articulación de las redes
provinciales o locales ya existentes, donde confluyan instituciones y
organizaciones diversas, así como aquellos compañeros que quieran hacerlo en
forma individual.
Proponemos como ejes básicos alrededor de los cuales
motorizar esta tarea:
1. Buscar maneras
de garantizar la aplicación de la normativa de la Ley Nacional de Salud
Mental en todas las instituciones públicas y privadas del país.
2. Divulgar su
contenido; en tanto lo consideramos un paso esencial para que se haga propia en
los trabajadores de la salud mental que todavía la sienten como una normativa
ajena a su labor diaria. Esta apropiación de la ley no es posible sin que la
haga suya la sociedad en general. En ese sentido, los usuarios inmediatos o
potenciales (sea individuos, familias o agrupamientos barriales o sociales)
deben estar informados de su existencia y de los derechos que los asisten. Esto
implica intervenir en los organismos designados de la Nación , Provincial y
Municipal que garantizan y fiscalizan su aplicación, así como a las
Asociaciones gremiales, ONGs y otras asociaciones barriales, culturales, etc.
3. Articular con
todas las iniciativas que vienen trabajando en y por la aplicación de la
normativa vigente, para realizar actividades y tareas en común, entre ellas
comunicarnos con todos los grupos, instituciones, servicios de Salud Mental en
donde se están implementando, a lo largo y ancho del país, diferentes e
innovadores dispositivos de asistencia clínica, experiencias de
desmanicomialización, abordajes comunitarios, etc. Es decir trabajar
coordinada y prácticamente en la construcción de una Red.
4. Demandar y
garantizar un compromiso político y presupuestario tanto por parte del Estado
Nacional como de los provinciales y municipales. Las autoridades
ministeriales y legisladores que han votado la Ley y su reglamentación deberían
incluir en el presupuesto del 2014 los recursos económicos necesarios que
aseguren una equidad en la asistencia que recibe y recibirá la población acorde
a lo que la Ley propone. En tal sentido, es imprescindible:
a: Empezar
ya a preparar dichas asignaciones y revisar las que están otorgadas. En
especial a aquellas instituciones, por lo general privadas (a veces encubiertas
tras sus pertenencias gremiales), que violan los DDHH de sus asistidos, de modo
de contar así con recursos que permitan reasignarlas a los ámbitos del Estado,
contemplando lo que está propuesto en los siguientes puntos b y c.
b: Apoyar el desarrollo de las
innumerables propuestas alternativas en Salud Mental Comunitaria que existen en
todo el territorio y crear nuevas.
c: Crear cargos y destinar presupuesto
que permita una mejor y más amplia atención en los dispositivos existentes y
fundando nuevos espacios y dispositivos que garanticen una asistencia de
calidad que tome en cuenta las propuestas de la Ley y su reglamentación.
5. Instalar la
reflexión, la evaluación y la discusión acerca de los modos de intervención
clínica y las problemáticas institucionales que articulan las prácticas en
salud mental. Tarea que la dictadura militar cortó de cuajo como práctica
establecida y que sólo sobrevive de modo fragmentado -las más de las veces- en
aquellos lugares que se han constituido, de hecho, en bastiones de resistencia.
6. Plantear el
debate en toda su complejidad. Lo enfatizamos por considerar que nos
encontramos frente a un panorama amplio, complejo y contradictorio. Durante
décadas hemos tenido experiencias de todo tipo, muchas de ellas anónimas,
silenciosas o silenciadas y otras que lograron expandirse en un sentido
progresivo, con bases ético-políticas y conceptuales que hoy se reflejan en el
modo en que se realizó la normativa de la Ley Nacional de Salud
Mental. Sin embargo, junto a ellas conviven otras que, por el contrario, basan
su accionar en la violación, en mayor o menor grado, de la dignidad y los
derechos humanos de los asistidos, contra las condiciones elementales de
cualquier producción de salud mental. En el interior de esta situación,
insistimos, compleja y conflictiva, se han creado nuevas formas de violencia,
institucionalmente consolidadas y naturalizadas. Esto se hace en especial
notorio con los padecimientos referidos a las adicciones, la anorexia-bulimia,
las dificultades que los niños/as presentan en su integración escolar, y de modo
extremo en los casos de niños/as sea en situación de calle o institucionalizados, adultos en las
cárceles y hospicios, sometidos a diferentes modos de desamparo. Todo ello
articulado alrededor de la aplicación de las clasificaciones derivadas del DSM
en sus respectivas numeraciones, el abuso en la utilización de psicofármacos,
la medicalización excluyente del padecimiento psíquico, la resistencia a
utilizar dispositivos grupales y comunitarios de intervención, y la ausencia de trabajo interdisciplinario tanto
en el diagnóstico como en el abordaje clínico, factores todos que
obstaculizan un abordaje integral de las
problemáticas del sufrimiento psíquico en situaciones extremas de violencia
social como la pobreza, la exclusión, el desamparo, la desigualdad, la
injusticia, así como de las víctimas del Terrorismo de Estado, de la Guerra de Malvinas y de los atentados sufridos en el país. Es justamente uno de los puntos antes mencionados, el
trabajo interdisciplinario, sobre todo entendido como manera de enriquecer
nuestros saberes específicos con los aportes de otros campos de conocimiento,
el eje teórico y práctico para que esta Red que proponemos se constituya como
un organismo vivo y no como un sello burocrático.
Entonces, es
porque muchas veces, también en las prácticas más progresivas, respetuosas y
bien intencionadas, la dignidad y los derechos en el ámbito de la salud mental
han sido atravesados por los diferentes discursos estigmatizantes,
clasificatorios y excluyentes, que consideramos central generalizar este
debate. Nuestra capacidad de pensar y de hacer, aún con las mejores
intenciones, con la mayor responsabilidad teórica y ética, no ha salido indemne
de las problemáticas histórico-sociales, sus modos corporativos y las
diferentes “transacciones” epistémicas que atraviesan nuestras prácticas.
Es con este espíritu que nos proponemos colaborar en la
construcción de esta Red. Y es con estos fines básicos (pasibles de ser puestos
en discusión) que invitamos a todos los compañeros/as que transitamos en el
ámbito de la Salud Mental ,
pública o privada (usuarios, psiquiatras, psicólogos/as, trabajadores/as sociales,
músico-terapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros/as, operadores/as
jurídicos, acompañantes terapéuticos, artistas, docentes, etc.), a ponernos a
revisar cómo comprendemos el padecimiento psíquico. Esto implica sin duda revisitar conceptos y categorías derivadas de cómo
comprendemos la subjetividad y específicamente el psiquismo. Sobre todo, con la
disposición para transformar las lógicas que han separado lo normal de lo
patológico, diseñando dispositivos clínicos
articulados a nuevos abordajes, que encaren la complejidad de la subjetividad
singular y colectiva en el devenir histórico-social y cultural.
Es con
estas consideraciones que consideramos que la Ley
Nacional de Salud Mental recientemente sancionada puede y debe tornarse un
instrumento vivo y no un catálogo de buenas intenciones.
Son estos los motivos de nuestro agrupamiento y así de
nuestra convocatoria.
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